Después de nueve años de denuncias y pulsos judiciales entre bancos y clientes, el Gobierno ha puesto hoy un canal oficial de negociación que permita encauzar la devolución de lo cobrado por las entidades en aplicación de cláusulas suelo hipotecarias opacas.
Tras varios retrasos en busca de consenso político, logrado esta semana con un acuerdo entre Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley que incluye el procedimiento extrajudicial por el que los bancos deberán negociar con sus clientes el reintegro, preferentemente en efectivo, del dinero que les hayan cobrado indebidamente con retroactividad total, como exigió en diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE).
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha desgranado los detalles del nuevo texto. Ha calculado que alrededor 1,5 millones de personas están afectadas por las cláusulas suelo abusivas, y ha afirmado que con este real decreto ley se impedirá el atasco de los tribunales que hubiera producido un millón y medio de denuncias. Se pretende "facilitar al consumidor un procedimiento rápido para poder recuperar las cantidades indebidamente cobradas", ha comentado.
De Guindos ha explicado que si el consumidor hace uso de esta ley de forma voluntaria, se renuncia a la actuación en los tribunales durante el tiempo que dure el procedimiento. Por su parte, la entidad tiene la obligación de iniciar este procedimiento y ofrecer a su cliente una propuesta de devolución de lo cobrado más intereses, o una negativa justificada si considera que sus cláusulas son válidas.
A preguntas de la prensa, Guindos ha detallado que el banco debe avisar también a los afectados por cláusulas suelo opacas pese a que sus hipotecas hayan sido ya totalmente amortizadas, es decir, a los clientes de hipotecas vivas y no vivas de cualquier momento.
En cuanto al tratamiento fiscal de las devoluciones en el caso de que se haya deducido por ellas, el ministro ha señalado que deberá regularizarse la situación con Hacienda con una declaración complementaria que no tendrá sanción ni penalización alguna.
Así, si el banco accede a compensar a su cliente deberá ofrecerle el monto en efectivo, aunque las partes podrán llegar a un acuerdo sobre otras fórmulas de pago como una reducción de las cuotas pendientes, que evitaría al consumidor tener que regularizar su situación con Hacienda, pero conllevará unos gastos arancelarios y de registro, por la novación del contrato, que el Ejecutivo avanza que ha rebajado.
En caso de que las partes no alcancen acuerdo, el cliente podrá acudir a los tribunales y no pagará costas si logra una respuesta más favorable en los juzgados. Por el lado contrario y para incentivar que la banca de una respuesta extrajudicial favorable al consumidor, la entidad no pagará costas si su propuesta era superior a la que dictamine el juez.
Guindos ha avanzado que el Gobierno constituirá un organismo de supervisión, conformado por miembros de asociaciones de usuarios y de la abogacía, que revisará el proceso y la actuación de la banca cada seis meses, con especial atención a colectivos desprotegidos.
Desde el PP mostraron su satisfacción por el acuerdo “para resolver el problema que tiene que ver con los abusos bancarios que se produjeron en el pasado” y que “se debieron a una falta de vigilancia por parte de la autoridades, en este caso el anterior Gobierno socialista y del propio Banco de España", recoge Servimedia. El procedimiento extrajudicial es obligatorio para los bancos y voluntario para los clientes, con el objetivo de que en un plazo de tres meses los afectados puedan recuperar su dinero sin necesidad de ir a los juzgados.
Este sistema extrajudicial es "gratuito" y se aplica a aquellas cláusulas suelo abusivas por poco transparentes bajo los criterios del Tribunal Supremo español. La intención del Ejecutivo es evitar que este proceso se demore en el tiempo y que los clientes acudan a los tribunales colapsando los juzgados de la mano de los bufetes de abogados.
FUENTE: CINCO DIAS
