El Consejo de Ministros ha
aprobado el tercer tramo de la línea de avales del ICO (Instituto de Crédito
Oficial) por valor de 20.000 millones de euros, destinado a la concesión de
créditos del que el 50% se destinará a financiación de pymes y autónomos y el
otro 50%, a las empresas. Así mismo, aprueba otros 4.000 millones para créditos
canalizados a través de pagarés del mercado alternativo de renta fija (Marf) y
500 millones más vinculados a las sociedades de garantía recíproca por la
Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
La ministra Montero señaló, en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que las entidades
bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos
por el cliente, tras las quejas de algunas empresas y autónomos que denunciaban
estos hechos. "Vamos sujetando las líneas a vigilancia y reforzando
algunas cuestiones". Por su parte la vicepresidenta Nadia Calviño aclaró
que las empresas con sede en paraísos fiscales no pueden optar a los avales del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobados para dar liquidez a las empresas
durante la crisis del Covid-19.
María Jesús Montero, ministra portavoz y de Hacienda, declaró
que de los 60.000 millones aprobados en los tres tramos movilizados por parte
del Gobierno, se reservarán 40.000 millones para pymes y autónomos y 20.000 millones
de euros para el resto de empresas.
Este nuevo resolución enfatiza la obligación de las
compañías beneficiarias de los avales de emplear la financiación obtenida para
hacer frente a las necesidades de liquidez como gestión de facturas, pago de
nóminas o proveedores, necesidad de circulante o vencimientos de obligaciones
financieras y tributarias, no pudiendo emplearla para el reparto de dividendos.
Esta línea de crédito sigue, como hasta ahora, gestionada por el ICO, en
colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del
aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos, aunque los
tipos trasladados a los clientes están entre el 1% y el 4%, según el tipo de
riesgo que entrañe cada operación.
El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes
no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en
procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
