El impacto de la crisis sobre las ventas y la falta de financiación provocó que Porvasal, pyme dedicada a la venta de cerámica, tuviera dificultades para pagar sus deudas. Afortunadamente, la empresa detectó estos problemas con suficiente antelación y decidió acudir al concurso de acreedores. De esta forma, consiguió llegar a un acuerdo para posponer sus obligaciones y pudo diseñar un nuevo plan de negocio enfocado a la apertura de nuevos mercados en el extranjero. Cuatro años después salía del concurso habiendo aumentado su facturación un 28%.
Aunque este caso no es el más habitual, la suspensión de pagos y el consiguiente concurso de acreedores "puede ser la herramienta que permita a una pyme reestructurar sus deudas y garantizar su viabilidad a medio y largo plazo", afirma Alejando Magnet, profesor de finanzas en EOI. Actualmente, en España sobreviven menos del 10% de las empresas que entran en concurso, pero aquellos negocios que son capaces de anticipar los problemas y realizan una buena gestión del proceso consiguen salir reforzados:
• Solicitud. Todos los expertos coinciden en señalar que la mayoría de empresas solicita el concurso de acreedores al Juzgado Mercantil cuando es demasiado tarde. "Hay que acudir cuando se anticipa que va a haber problemas de tesorería, no cuando las deudas se echan encima", aconseja Alberto Fernández Terricabras, profesor de contabilidad en IESE.
Por su parte, Magnet recomienda pedirlo "seis meses antes de que se vaya a producir el primer incumplimiento". El principal motivo de esta antelación es que mientras dure el proceso, el negocio verá cómo se cierran todas las fuentes de financiación y necesitará recursos propios para seguir con su actividad.
"El concurso genera caja", destaca Fernández, recordando que al iniciar este proceso la empresa congela automáticamente el pago de todas las deudas que ya tenía -aunque tiene que seguir abonando las que adquiera a posteriori- y puede quedarse con un capital que necesitará más adelante. Pero esto no implica que la pyme deba ocultar sus apuros a los acreedores. En estos procesos el componente emocional es muy importante, por lo que conviene explicar los problemas desde el principio, con una actitud de transparencia y honestidad que refleje la voluntad de llegar a una solución satisfactoria para todos.
Por contra, los mails y llamadas sin respuesta provocan que los demandantes no se sientan comprometidos con la viabilidad de la firma. Hay que tener en cuenta que un acreedor también puede solicitar que la compañía entre en concurso forzoso, lo que le dará prioridad en el cobro de las deudas. Pero "esto es poco habitual debido a que este proceso tampoco les interesa, pues creen que si esto provoca la liquidación de la firma, se quedarán sin cobrar las deudas. Incluso en el mejor de los casos, tendrán que esperar mucho tiempo y realizar demasiados trámites".
• Preconcurso. Una de las principales novedades en la regulación es la introducción del preconcurso, durante la que la empresa está legalmente protegida -no le pueden provocar un proceso forzoso- antes de entrar oficialmente en el concurso. "Es una forma de avisar a los acreedores de que la situación es grave, lo que hace que sean más proclives a aceptar acuerdos", explica Crespo.
En esta etapa, la pyme dispone de un plazo de sólo cuatro meses para alcanzar un pacto con sus acreedores si quiere evitar el concurso. Aunque no consiga alcanzar una solución con todos, es interesante negociar convenios individuales que permitan aplazar parte de las deudas, haciendo que el proceso posterior sea más sencillo.
• Apertura del proceso. Una vez que ha concluido la fase previa, la compañía entra oficialmente en concurso de acreedores. En este caso, el juez nombrará a un administrador concursal cuya labor será supervisar las operaciones de la empresa, si el proceso ha sido voluntario; o asumir directamente el control, si ha sido forzoso. Posteriormente, "la pyme tendrá que proporcionar un listado de los pagos que tiene pendientes.
Luego serán los acreedores quienes presentarán las deudas que reclaman y, en caso de que las cantidades no coincidan, el juez tendrá que dictar sentencia". La duración de estos trámites puede ser bastante larga, aunque también varía mucho según el juzgado. La compañía en concurso tendrá que asumir, además de los honorarios de su propio abogado, los del administrador concursal y el resto de gastos provocados por los diversos trámites que implica el proceso.
• Diseño del plan de viabilidad. Para asegurar su supervivencia y que los acreedores tengan la garantía de que van a cobrar, la empresa debe diseñar un plan de viabilidad. "Es similar a un business plan, pero prestando una atención especial a los flujos de caja, los cobros y pagos previstos", aclara Fernández.
Lo habitual es que la pyme deba reorientar su actividad con la apertura de nuevos mercados o lanzando nuevos productos, mientras que habrá que detener la fabricación de aquellos que resulten deficitarios. "Lo importante es que este programa sea creíble y convenza a todas las entidades", destaca Joan Massons, profesor del departamento de finanzas y contabilidad de Esade. Por tanto, es mejor diseñar un plan prudente que conceda margen de reacción para salvar los obstáculos que, casi inevitablemente, surgirán en el camino. Además de la viabilidad del proyecto, los acreedores también valorarán al equipo directivo encargado de llevarlo a cabo, para lo que es recomendable tener responsables con suficiente experiencia.
Muchas veces las empresas tienen que realizar reducciones de plantilla, por lo que es fundamental explicar a los empleados que se trata de una medida necesaria para evitar el cierre definitivo de la compañía. Es fundamental que la producción no se detenga en ningún momento del proceso. Los proveedores solicitarán el cobro a corto plazo, por lo que hay que asegurarse de tener liquidez suficiente y buscar fórmulas que permitan pagar a medida que se venden los nuevos productos.
También habrá que limitar gastos, como la inversión en equipamiento. Otro problema habitual es que, ante la posible quiebra de la empresa, algunos clientes busquen nuevos socios que les garanticen el suministro o intenten posponer el pago de sus deudas con la esperanza de liberarse de ellas si la firma quiebra. En ambos casos, la mejor solución es transmitir confianza, explicar con transparencia el plan de viabilidad y garantizar que la compañía seguirá con su actividad.
• Negociación con los acreedores. El plan de viabilidad sirve en última instancia para garantizar la supervivencia financiera de la empresa, para lo que muchas veces los acreedores deben aceptar quitas parciales de la deuda. En cualquier caso, será necesario negociar con ellos tanto el porcentaje que finalmente se va a pagar como los plazos. Para ello, es mejor contar con algún experto en finanzas que sepa cómo conducir estas conversaciones y les transmita confianza.
El objetivo de los gerentes es que el proyecto de viabilidad que presenten sea aprobado por el 51% del saldo acreedor (es decir, aquellos que tengan más de la mitad de la deuda). Pero hay que ir con cuidado, pues en caso de que no se apruebe el primer convenio presentado de forma oficial, la firma irá a la liquidación. Esto implica que no habrá posibilidad de realizar una segunda propuesta. Por tanto, hay que asegurarse de acudir a la reunión con mayoría suficiente de votos. Fernández recomienda empezar la negociación por "aquellos más proclives al acuerdo" mientras que Magnet aconseja enfocarse "en los estratégicos", que son aquellos con mayor volumen de deuda o los que, como un proveedor clave, son esenciales para que la empresa mantenga su actividad.
Una vez aprobado el convenio, la compañía tendrá que asegurarse de cumplir con los pagos en el plazo establecido, pues cualquier retraso puede provocar que se fuerce la liquidación. Una vez realizado el último desembolso, el juez decretará el fin del concurso y la firma podrá retomar su actividad, libre por fin de la supervisión de sus acreedores.
FUENTE: EXPANSIÓN
