España debe respetar las
recomendaciones que le hagan desde Bruselas, que exigirá cambios en el mercado
de trabajo y en el sistema de pensiones.
El histórico acuerdo
alcanzado en Europa será un balón de oxígeno para España, que tendrá en sus
manos 140.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la
mayor pandemia del último siglo. Pero este salvavidas conllevará una serie de
contrapartidas que es probable que condicionen el programa del Gobierno de
coalición, que tiene entre sus prioridades –al menos antes de que estallara
esta crisis– la derogación de la reforma laboral de 2012, una medida que desde
Bruselas no ven con buenos ojos, tal y como han manifestado en sucesivas
ocasiones.
Para recibir el visto bueno a
la utilización de este dinero, el Ejecutivo tendrá que poner en marcha una
serie de reformas económicas que le marcan desde Bruselas, tal y como sucedió
en la anterior crisis, ya que cada país ha de respetar las recomendaciones
específicas que le hagan. En el caso de España, las imposiciones girarán en
torno al mercado laboral, uno de los más endebles de Europa, a la cabeza en
temporalidad y con la segunda mayor tasa de paro, y en torno a la reforma de
las pensiones, con un sistema de los más generosos pero con un grave problema
de sostenibilidad. Más concretamente, el Consejo Europeo insta a España a
adoptar medidas «encaminadas a preservar los puestos de trabajo», con
«incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones»,
así como a reforzar la protección por desempleo, especialmente para los
trabajadores atípicos, compromisos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha
suscrito.
Desde el Gobierno quitan
importancia a esta condicionalidad de los fondos y tanto la vicepresidenta
económica, Nadia Calviño, como la ministra portavoz, María Jesús Montero,
resaltaron este martes que «las recomendaciones de los organismos
internacionales están muy alineadas con las prioridades que hemos marcado por
el Gobierno» y pasan por mejorar el funcionamiento del mercado laboral, de la
Administración, de los mercados y la política de redistribución. «Se trata de
impulsar una serie de transformaciones que llevamos hablando de ello desde el
inicio de esta legislatura: transición ecológica, impulso digital, inclusión
social...», apuntó Montero desde la Moncloa.
Efectivamente, aunque en ese
acuerdo nada se dice expresamente sobre la reforma laboral, a nadie se le escapa
que la Comisión se ha erigido como uno de los grandes detractores de esta
contrarreforma e incluso en alguna ocasión han ensalzado los beneficios que
trajo al mercado laboral. Por eso recientemente Calviño se desmarcó del
polémico pacto del PSOE con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma
laboral con carácter urgente, porque supone una piedra en el camino hacia
Europa.
«Estas recomendaciones de
Europa casan mal con el acuerdo del Gobierno y pueden generar bastantes
tensiones», advierte Marcel Jansen, investigador de Fedea y profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid, quien no obstante reconoce que «obviamente» el
Ejecutivo tendrá la libertad de reformar el mercado laboral o de pensiones pero
«no habrá espacio para contrarreformas que desnaturalicen la reforma laboral de
2012 o que deterioran la sostenibilidad del sistema de pensiones».
No lo ve así el líder de
Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien declaró este martes que Europa «no solo
no impedirá» que el Ejecutivo de coalición siga adelante con los compromisos de
su programa de Gobierno, «sino que significará un enorme estímulo para
continuar con las transformaciones». Tampoco se dan por vencidos los
sindicatos, que insistieron en que continuarán en su empeño de derogar la
reforma laboral y la de las pensiones. Por su parte, el presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, ensalzó que la reforma laboral trajo los ERTE o la
flexibilidad horario y se mostró dispuesto a mejorarla.
Reformas «coherentes»
Raymond Torres, director de
Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, no cree que ahora el Gobierno
esté «maniatado», sino que estas reformas deben ser «coherentes con las
recomendaciones» que hagan desde Bruselas. En este sentido, resalta que ahora
ya no solo tienen que tener en cuenta el impacto económico, sino social
Así, por ejemplo, si una de
las promesas del Gobierno es cambiar el índice de revalorización de las
pensiones -algo que se había propuesto para antes de que terminara el año- para
poner fin al 0,25% y garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, deberá
incorporar alguna otra medida al sistema para cubrir los gastos, como separar
las fuentes de financiación, ampliar el destope de las bases máximas de
cotizaciones o retrasar la edad efectiva de retiro, propuestas que ya estaban encima
de la mesa.
Y lo mismo sucedería con la
derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una negociación
para la que ya se había creado una mesa de diálogo social y que estaba previsto
reanudar en septiembre. Los aspectos más inmediatos de modificación, una vez
que se aprobó ya la derogación del despido por absentismo, eran los relativos a
la negociación colectiva y a la subcontratación, para devolver la primacía al
convenio del sector -algo que si no las empresas podrían utilizar para devaluar
los salarios, según advierten los sindicatos- y recuperar la ultraactividad
para que no decaiga el convenio en vigor hasta que no haya uno nuevo.
«Tomaremos en cuenta todas
las recomendaciones país y seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de
ruta, en el marco del diálogo social y con las fechas que teníamos
establecidas», aseguró la ministra portavoz María Jesús Montero.
