El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 402/2025, una norma clave que regula el procedimiento previo necesario para anticipar la edad de jubilación en determinados sectores profesionales. Esta medida afecta a quienes desarrollan su actividad en condiciones laborales extremas, como penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, y busca proteger la salud de los trabajadores expuestos a mayores riesgos.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se alinea con las reformas acordadas en el Pacto de Toledo y con los principios establecidos en la Ley 21/2021, que reformó el régimen de jubilación anticipada. Además, deroga el anterior Real Decreto 1698/2011, con el objetivo de simplificar y actualizar el procedimiento de solicitud de los denominados coeficientes reductores.
El nuevo decreto se aplica a:
Quedan excluidos aquellos colectivos que ya cuentan con normativas específicas (como mineros, marítimos o personal de vuelo), aunque se prevé una revisión periódica de sus condiciones cada diez años.
El decreto define claramente los criterios que justifican la jubilación anticipada:
Además, para aplicar un coeficiente reductor, se deberán acreditar altos niveles de morbilidad o mortalidad asociados a la actividad, lo que se medirá mediante indicadores objetivos como bajas médicas, incapacidades y fallecimientos.
El procedimiento debe iniciarse de forma conjunta por:
La solicitud debe enviarse por vía electrónica, incluyendo información detallada sobre la ocupación, el código CNAE y el nivel de desgaste físico o psíquico. A partir de ahí, se abrirá un proceso en varias fases, que incluye informes técnicos, un trámite de audiencia y una resolución final que determinará si se admite la reducción de edad y se inicia la tramitación del decreto correspondiente.
El Real Decreto 402/2025 entrará en vigor veinte días después de su publicación en el BOE, aunque no tendrá efectos prácticos hasta la constitución oficial de la Comisión de Evaluación, órgano clave encargado de analizar las solicitudes.
Con esta norma, el Gobierno busca dar respuesta a una realidad laboral que afecta especialmente a ciertos colectivos, reforzando al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El nuevo modelo introduce más control, objetividad y transparencia, reservando el derecho a la jubilación anticipada solo para aquellos casos estrictamente justificados.
Además, se incluye una perspectiva de género, con un grupo de trabajo específico que analizará el impacto de la norma en sectores con alta presencia femenina, y se abre la puerta a nuevas fórmulas como la jubilación parcial en casos de penosidad sin riesgo extremo.
Con esta reforma, el sistema de Seguridad Social da un paso decisivo para proteger a quienes más lo necesitan y garantizar un retiro digno en profesiones que, por su propia naturaleza, no pueden sostenerse hasta edades avanzadas.
ADADE Central
