Los
diputados han propuesto algunas modificaciones en materias como la jubilación
anticipada, las cotizaciones necesarias o el método de revalorización
La
Comisión del Pacto de Toledo, encargada del sistema de pensiones, concluyó este
viernes los trabajos para proponer una nueva tanda de recomendaciones cuyo
denominador común reside en la flexibilización de algunas de las condiciones
impuestas en las reformas aplicadas tanto en 2011 como en 2013 en torno a la
jubilación. Aunque el grueso de aquellos cambios se mantienen -la edad a los 67
o los años necesarios cotizados, entre otros-, los diputados han propuesto
algunas modificaciones en materias como la jubilación anticipada, las
cotizaciones necesarias o el método de revalorización.
Estas
son las 21 recomendaciones cerradas este viernes en la comisión
parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones y la
jubilación en España, de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso
EFE, que las enumera desde cero.
0.
Defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en
la solidaridad intergeneracional, la suficiencia de prestaciones, la equidad en
el reparto de las cargas y la responsabilidad pública en la dirección y gestión
del sistema.
1.
Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio
financiero, de forma que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a
financiar las prestaciones contributivas.
2. Mantenimiento
del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, con una revalorización anual
basada en el IPC real.
3.
El Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver los
desequilibrios financieros de naturaleza estructural. Se propone establecer un
remanente mínimo y endurecer su disponibilidad, y se suprime la recomendación
de dotarlo anualmente con un porcentaje fijo.
4.
Integración y convergencia de regímenes para que solo quede el de trabajadores
por cuenta ajena y el de trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de
tengan una protección social equiparable a partir de una cotización también
similar, promoviendo que los autónomos coticen conforme a sus ingresos reales.
5.
Posibilidad de elegir los años más favorables en el cálculo de la
pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y
de precariedad, dado que progresivamente se está ampliando de 15 a 25 años el
periodo de cotización utilizado para determinar la pensión.
6.
Los incentivos al empleo no podrán financiarse con cargo a las cotizaciones
sociales y han de ser una herramienta excepcional y enfocada a colectivos de
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de
violencia de género, una vez demostrada su ineficacia cuando son generalizados.
7.
Modernización e información al ciudadano, facilitando tanto los periodos
cotizados a lo largo de la vida laboral, como el importe de las cotizaciones
efectivamente realizadas.
8.
Gestión del sistema mejorada, que incluye la defensa de una coordinación más
estrecha entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas
asistenciales autonómicos, y la evaluación de criterios adecuados y claros para
el aplazamiento y fraccionamiento del pago de las deudas con la Seguridad
Social en supuestos de dificultades.
9.
Completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de
la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
10.
Mejora de la lucha contra el fraude laboral, con el refuerzo de medios materiales
y humanos, así como con el endurecimiento del régimen de sanciones a las
empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
11.
Reforzar la contributividad -relación entre lo cotizado y la prestación
recibida-, pero con mejora de las pensiones más bajas y sin agrandar la brecha
de género, y valorar la posibilidad de que en los casos de vidas laborales muy
prolongadas se pueda descartar algún año concreto del periodo de cálculo o
escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que calcular la pensión.
12.
Aproximación de la edad de salida efectiva del mercado de trabajo a la edad
legal de jubilación, fomentando la permanencia en activo, incentivando la
prolongación voluntaria de la vida laboral y evitando que la jubilación
anticipada sea un forma de regulación de empleo. Se da al Gobierno tres meses
para que plantee una respuesta a las jubilaciones anticipadas en las que la
aplicación de coeficientes reductores provoca inequidad.
13.
Reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad para mejorar
su cuantía, para dirigirla a personas de 65 o más años cuya pensión constituye
su principal fuente de ingresos y para elevar hasta los 25 años la edad de los
beneficiarios de la prestación por orfandad.
14.
Garantía de suficiencia, para lo que pide establecer como posible referencia la
tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario
medio de los trabajadores ocupados y un ámbito territorial de medición
comparada que podrían ser los países más avanzados de la Unión Europea.
15.
Dentro de los sistemas complementarios se apuesta por incentivar los planes de
pensiones de empleo surgidos de la negociación colectiva (promovidos por la
empresa en beneficio de sus empleados) y gestionados prioritariamente sin ánimo
de lucro.
16.
Para corregir la brecha de género en pensiones apela a la igualdad retributiva,
a corregir lagunas de cotización involuntarias o a evitar discriminación en el
cálculo de la pensión en el caso del empleo parcial, desarrollado
principalmente por mujeres y no por libre elección.
17.
En relación con los jóvenes reclama políticas que faciliten la transición del
sistema educativo al mercado de trabajo y combatir la precariedad derivada de
la alta temporalidad, parcialidad, rotación o subempleo, que impactan
negativamente en sus pensiones futuras.
18.
Favorecer el acceso de las personas con discapacidad a un empleo digno,
suficiente y de calidad, además de mejorar su protección social.
19.
Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración
en el sistema de las personas migrantes y, en particular, de los procesos de
gestión de autorizaciones de residencia y trabajo de las personas extranjeras
menores de edad no acompañadas, con el fin de favorecer su incorporación plena
al mercado laboral.
20.
Evitar la informalidad o la infracotización en las actividades desarrolladas a
través de plataformas digitales y luchar con el recurso a la figura del falso
autónomo. Buscar mecanismos para completar la financiación de la Seguridad
Social, más allá de las cotizaciones sociales, en una economía en la que la
innovación tecnológica no implica una mayor creación de empleo («impuesto al
robot»).
21. Mantener para la Seguridad Social un tratamiento presupuestario propio, mantener la colaboración fluida de la comisión del Pacto de Toledo con entidades públicas y organismos autónomos para poder desempeñar sus tareas de seguimiento, y revisar las recomendaciones transcurridos al menos cinco años desde su aprobación.
