Introdujo una indemnización creciente a cargo del trabajador durante toda su vida laboral destinada a afrontar las consecuencias del despido.
Desde entonces, en Austria no existe la indemnización por despido a cargo de los empleadores, que pueden así despedir a coste cero: para ello, los trabajadores van descontando una cantidad de su salario, que se acumula y de la que echan mano cuando son despedidos; concretamente, la "hucha" o "mochila" así generada se va llenando con la aportación mensual de la empresa del 1,53% del salario bruto del trabajador, como una especie de salario diferido. El Estado garantiza el 100% de las aportaciones netas, y la caja que gestiona el fondo invierte el dinero para conseguir un rendimiento del capital. Eso sí, el sistema requiere un contrato único que en general no distingue entre trabajadores fijos y temporales.
En España se intentó introducir el modelo austríaco ya en la reforma laboral de 2010, en la que se dieron las pautas para aprobar un proyecto de ley que regulara un “Fondo de capitalización” para los trabajadores, que se mantendría durante toda su vida laboral, destinado a hacer la función de esa "mochila austríaca". Fondo de capitalización individual que podría hacerse efectivo por el trabajador en caso de despido, para completar su formación, en caso de movilidad geográfica o, en último término, al jubilarse.
Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirían en un número de días por año de servicio equivalente al que se determinase para la constitución del Fondo.
Dicho Fondo debía estar operativo, inicialmente a partir de 1 de enero de 2012, si bien su estudio inicial se aplazó a 2013, dejándose posteriormente aparcado.
Algunas entidades como el BBVA han venido abogando por su implementación como forma de reducir el paro, si bien la cuestión se ha retomado por algunos partidos políticos, que las han incluido en sus programas electorales (PP, Ciudadanos).
