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El notariado europeo ha iniciado una discusión pública sobre los efectos de la aplicación de la cadena de bloques en su actividad. El colectivo cree que, a corto plazo, esta tecnología no cambiará su modelo.

Bitcoin, blockchain o las criptodivisas son actualmente trending topics que acaparan la atención de operadores jurídicos e institucionales, pendientes de las numerosas aplicaciones que de ellas puede hacerse en el sector legal. A esta tendencia le acompaña que la criptodivisa se ha revalorizado más del 700% en un año y que las mayores entidades financieras del mundo -principales clientes de los despachos de abogados- llevan años desarrollando la tecnología de la cadena de bloques. Por último, y aunque la UE asegura que no es el momento, ya valora una futura regulación.

Probado con éxito en países donde la seguridad jurídica es deficiente, el 'blockchain' ha servido para que organizaciones vinculadas con Naciones Unidas y ONG puedan eliminar las barreras de administraciones poco supervisadas como las de Ghana, Honduras o Georgia. "El problema del funcionario corrupto se evita de esta manera y se consigue una mayor seguridad en las transacciones. Afortunadamente, esto no es algo que suceda en los países de la UE", indica Fernando Ramos, abogado de la firma DPO IT Law. Sin que sea necesario llegar a una situación como la descrita, en Europa también se han hecho experimentos con el 'blockchain'. Suecia y Suiza han digitalizado registros de la propiedad y acciones inmobiliarias utilizando esta tecnología, por ejemplo.

El blockchain fue una de las inquietudes que sobrevolaron, junto a la herencia e identidad digital y el comercio electrónico, la celebración del Congreso Europeo del Notariado celebrado en Santiago de Compostela hace unas semanas. Los notarios europeos analizaron y debatieron allí sobre la influencia de la cadena de bloques en su función y si ésta puede convertirse en una amenaza real.

Si bien concluyeron que esta tecnología tiene pocas posibilidades de plantear a corto plazo un cambio de modelo en la función notarial, reconocían que en el futuro "ciertas funciones notariales, como la del registro de datos, pueden llegar a verse afectadas si se desarrollase con garantías". Para Carmelo Llopis, notario de Valencia y uno de los representantes del Consejo General del Notariado para esta cuestión en Santiago, "tal y como sucedió con la aparición de la tecnología de la firma electrónica, esto puede convertirse en una oportunidad para los notarios españoles más que en una amenaza". Llopis asegura que quienes se verán amenazados serán los profesionales anglosajones cuya función, "al contrario que sucede en España, no añade valor al proceso, porque no hay una actuación de validación de Derecho y se quedan en el puro registro de datos de una transacción".

Desde el Notariado avanzan que el blockchain es una herramienta que por sí sola no puede ir más allá de realizar registro de datos. No obstante, "combinado con inteligencia artificial y con computación cuántica, en un siguiente paso, sí debería aportar algo más, y eso es lo que estamos investigando".

En el mismo sentido, Javier González Granado, notario en Formentera y una de las principales voces jurídicas de España especializadas en el blockchain, indica que "la validación de copias electrónicas de documentos serán el primer aspecto que se desarrolle utilizando la tecnología de cadena de bloques. Pero hasta que no se regule será complicado que prosperen iniciativas en este sentido porque son los gobiernos y los organismos quienes ponen las principales trabas. El bitcoin está considerado actualmente como una oportunidad para el blanqueo de capitales".

El notario, que ha participado como experto en el desarrollo de la red multisectorial de cadena de bloques Alastria -antes conocida como Lyra, ve "poco probable" que datos tan relevantes queden en manos de un sistema no controlado y que choca directamente con el mundo de la regulación.

Será distinto si la regulación de las criptomonedas llega al ámbito europeo. Entonces, "utilizar una red centralizada o descentralizada para gestionar estos datos pasará a ser únicamente una cuestión de resultados y de eficiencia económica".

Sobre la base de la cadena de bloques se pueden desarrollar tantas aplicaciones como se quiera. "Su función principal es la transmisión de un valor entre dos intervinientes. Produce un registro inmutable de datos que se logra por el consenso de la mitad de los ordenadores que contienen una copia de esa transacción. Suplirá la función de la certeza de que algo ha ocurrido, pero no la de reconocer si lo que ha ocurrido es cierto o falso, es decir, la de dar fe de que las partes dicen ser quiénes son realmente y elevarlo a público", indica este emprendedor, que actualmente se encuentra inmerso en el desarrollo de Initial Coin Offering (ICO, por sus siglas en inglés), un vehículo para financiar el desarrollo de nuevos protocolos para el lanzamiento de criptomonedas.

Los expertos se lamentan que "la invasión de la tecnocracia que vivimos nos lleve a pensar que la tecnología va a suplirlo todo. La tecnología tiene importancia y utilidad y, en el caso de la certificación de datos, afectará más a los terceros de confianza que a los notarios. La función notarial deberá estar ahí para garantizar que cualquier operación que se efectúa se ajusta a derecho y cumple la ley".

La creación de una red de blockchain europea está en la mira de todos. La principal duda sobre este proyecto de futuro es, para los notarios, cómo debe configurarse. Utilizar íntegramente el servicio público con sus combinaciones telemétricas plantea, o puede llegar a plantear ciertas dudas sobre la seguridad. Comparado con el actual sistema de firma digital el principal riesgo está en la custodia de los datos porque "no podemos confiar los datos de los ciudadanos y de las empresas a un sistema en el que no estamos seguros de que es 100% fiable", indica Llopis. González Gallardo amplía estas dudas puesto que, si el blockchain deja de ser público, "en nada se diferenciaría de la red privada virtual con la que operamos en España y que cuenta con una tecnología muy segura". Esta red, que opera a través de Ancert y que este año cumple quince años de su creación, ha permitido asentar 15 millones de firmas y ha creado un índice único que tiene 'parametrizados' todos los datos de las operaciones notariales desde el año 2004 y datos de más de 2.200 millones de sociedades que trabajan en la prevención del blanqueo de capitales.

FUENTE: EXPANSIÓN