El Consejo de ministros de España ha aprobado el anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin afectar el salario de los trabajadores. Este paso, que se espera tenga un impacto significativo en el mercado laboral, busca mejorar la calidad de vida de los empleados y modernizar las condiciones laborales en el país.
La nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales representa una reforma histórica que no ha tenido precedentes en España en los últimos 40 años.
Esta medida beneficiará a aproximadamente 12 millones de trabajadores, que disfrutarán de una jornada reducida sin que ello afecte sus remuneraciones.
El Gobierno tiene como objetivo que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano de 2025, permitiendo a las empresas un tiempo adecuado para adaptarse a la nueva normativa antes de su plena implementación, que se espera para finales de 2025.
Después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto deberá ser revisado por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES), antes de ser llevado al Congreso para su discusión y posible modificación por parte de los grupos parlamentarios.
Una vez aprobado, los convenios colectivos que establezcan jornadas superiores a las 37,5 horas semanales tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a esta nueva jornada laboral.
El anteproyecto incluye un sistema digital de control horario, lo que permitirá una supervisión remota en tiempo real de las jornadas laborales, garantizando mayor transparencia y eficiencia.
Además, se incorpora un derecho irrenunciable a la desconexión digital, asegurando que los trabajadores no estén obligados a responder correos electrónicos o llamadas fuera de su jornada laboral, incluso si estas provienen de autoridades gubernamentales.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, subrayó que esta reforma constituye una de las transformaciones más importantes en el mercado laboral español y contribuirá a la igualdad, la productividad y la modernización del país.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, destacó que la medida es un avance en los derechos sociales, alineándose con la política del Gobierno de fomentar un crecimiento económico que también beneficie a los trabajadores.
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