La renovación del ministro Rafael Catalá al frente de la cartera de Justicia no sólo era previsible, sino también deseada. La mayor parte de la comunidad jurídica, desde diversos y muy variados ámbitos, ha aplaudido esta decisión e incluso partidos políticos como PSOE y Ciudadanos han valorado positivamente que se mantenga en el cargo.
Eso sí, todos ellos demandan ahora que su tan alabado talante de diálogo se transforme en grandes reformas pactadas que contribuyan a mejorar la Administración de Justicia. Y no le faltará trabajo entre los proyectos que ya están en marcha, como la digitalización de la Justicia y las nuevas reformas a acometer. ¿Será ésta la legislatura en la que se logre el tan ansiado pacto por la Justicia? Estos son sus grandes retos.
Estrategia por la Justicia
Como ya ha hecho el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el titular de Justicia lleva varios meses predicando la necesidad de alcanzar un consenso para poder desarrollar una estrategia de Estado por la Justicia para realizar una profunda reforma.
Tanto los operadores jurídicos como los partidos políticos han mostrado su apoyo al objetivo de encontrar fórmulas que acerquen nuestra Justicia al siglo XXI, así como para fortalecer su independencia y pactar un nuevo código procesal penal, simplificado y modernizado, que agilice los tiempos de decisión de los tribunales, y llegar a acuerdos en cuanto a los aforamientos o la ley del indulto, entre muchos otros asuntos.
Transformación digital
El proceso de digitalización que se impuso con LexNet y la obligación de realizar todas las comunicaciones con la Administración de Justicia de manera telemática debe seguir avanzando. Según datos del ministerio, más de 600 juzgados, que tramitan el 65% de asuntos en el territorio gestionado por este departamento, trabajan íntegramente en formato digital y 5.500 usuarios -jueces, letrados y funcionarios- manejan documentos digitales y usan firma electrónica.
Será necesario continuar esta senda, puesto que, desde el próximo 1 de enero de 2017, el conjunto de comunicaciones del resto de administraciones y organismos públicos y hospitales con la Justicia deberán relacionarse de manera electrónica.
Indepenencia judicial
Una de las reformas más esperadas es la relacionada con el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una cuestión polémica que habitualmente se asocia con la apariencia de una Justicia politizada. Entre los objetivos del nuevo ministro está la consecución de un acuerdo con los distintos grupos parlamentarios que garantice la independencia del órgano de gobierno de los jueces, identificando los criterios más objetivos para la elección de sus miembros.
Además, hace unas semanas, Catalá recordaba, en relación con la percepción social de la independencia judicial, "la necesidad de regular la participación de jueces y magistrados en la actividad política de manera que esa independencia no quede comprometida, ni siquiera en apariencia".
Mejor organización
El departamento de Catalá también tiene como propósito una Justicia mejor dotada y mejor organizada, con más recursos, con una planta judicial más eficaz gracias a su especialización y con un sistema procesal común en toda la Administración de Justicia. El ministro tiene claro que no sólo son necesarios más medios, sino que es imprescindible que éstos vayan de la mano de una buena organización de los recursos.
"Intento negar el debate sobre que la solución al problema de la Justicia sean más jueces, más juzgados. Seguramente, puntualmente, sí, pero también una mejor organización", ha llegado a afirmar Catalá, que también ha subrayado la importancia de lograr un reparto más equilibrado de la carga de trabajo entre los órganos judiciales. Sobre esta última cuestión, representantes de la carrera judicial han señalado la necesidad de medidas que permitan organizar mejor el trabajo. Los jueces decanos afirmaban recientemente que "la eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentre un número suficiente de juzgados para que puedan disponer de mejor organización del trabajo", y ven "razonable que se reagrupen los más pequeños".
Por su parte, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han pedido una reforma de la estructura organizativa, abogando por la colegiación de los órganos unipersonales para mejorar el reparto de trabajo. Todo ello podría traducirse en retomar el proyecto de reforma de la planta judicial y la creación de los tribunales de instancia, una cuestión polémica que se quedó en el aire cuando el exministro Alberto Ruiz-Gallardón dejó la cartera.
Reformas procesales
Las reformas procesales podrían tener gran protagonismo en esta nueva etapa. Posiblemente se retomará la idea de aprobar un Código Procesal Penal que modernice la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, con el que se agilicen los procedimientos y se mejore la lucha contra la corrupción. También se planteará una reforma procesal en el ámbito civil para regular las acciones colectivas, revisar los procedimientos para evitar las suspensiones que alargan los procesos y revisar también las fases de ejecución.
Asimismo, se potenciarán los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, como la mediación o el arbitraje, tal vez con medidas como, por ejemplo, exigir que en algunos casos sea obligatorio intentar la mediación antes de acudir a los tribunales.
FUENTE: EXPANSION
