El Consejo General de la Abogacía Española señaló, en un comunicado difundido en su página web, que la ley "puede resultar de imposible cumplimiento" en lo relativo a la solicitud de prórroga cuando en los plazos previstos, de seis a dieciocho meses, no pueda completarse la instrucción y "porque habrá de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos los juzgados de España". El órgano de los abogados ha añadido que, en todo caso, "es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso".
Los abogados reclamaron este lunes "participación y diálogo" para alcanzar una "solución consensuada" entre el Ministerio de Justicia y los profesionales jurídicos, incluidos los abogados, antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista para el 5 de diciembre. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han criticado el nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que llaman "ley de punto final", que limita el tiempo de las instrucciones a un plazo de entre seis y dieciocho meses.
El titular de Justicia, Rafael Catalá, intenta aplacar las críticas prácticamente unánimes. El ministro asistirá este martes a la reunión del Consejo Fiscal para tratar de acercar posturas sobre el nuevo modelo, que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, en ambos casos prorrogables a instancias del fiscal o, de forma excepcional y justificada, de una de las partes.
Catalá ha explicado que no tiene intención de retirar la ley o aplazar la entrada en vigor como le exigen las asociaciones de jueces y fiscales. Ofrecerá más fiscales sustitutos y apoyo informático. También instrucciones a los secretarios judiciales para que den traslado de las causas.
El Consejo de la Abogacía ha destacado, asimismo, que, de acuerdo con la ley, los abogados, "en defensa de los intereses de las partes procesales", también pueden solicitar al juez de instrucción, junto con los fiscales, la ampliación de los plazos para la finalización de la instrucción.
El pasado 16 de octubre, seis asociaciones de jueces y fiscales hicieron público un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerarla una "ley de punto final". Nunca antes tantas asociaciones de jueces y fiscales habían firmado un comunicado así. Al mismo tiempo, ya han firmado una carta similar más de 1.000 fiscales de un total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, no suscribió ese comunicado, pero rechaza el sistema de plazos en la instrucción y reclama su modificación.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha considerado que las últimas modificaciones de la instrucción penal llevadas a cabo no mejoran la "calidad y eficiencia" de la Justicia. Asimismo, ha defendido que se necesita un proyecto global de modernización del sistema de justicia para mejorar la "calidad, su eficiencia y la independencia judicial".
