Los propietarios de pisos turísticos anunciados en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Idealista afrontan una nueva obligación administrativa a partir de febrero de 2026. Durante ese mes deberán presentar una declaración informativa con todos los arrendamientos realizados a lo largo de 2025, según ha establecido el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La medida afecta exclusivamente a quienes alquilan inmuebles a través de plataformas online, y se enmarca en el refuerzo del control sobre el mercado del alquiler turístico iniciado el pasado año.
La declaración deberá presentarse mediante un nuevo modelo aprobado por Orden ministerial, publicada en el BOE el 31 de diciembre de 2025. El documento podrá cumplimentarse de forma telemática o presencial ante el Registro de la Propiedad.
En este modelo, los arrendadores deberán detallar cada uno de los alquileres realizados, incluyendo información como:
La obligación alcanza tanto a viviendas como, de forma expresa, a arrendadores de fincas, buques o embarcaciones, que también deberán declarar su actividad.
Esta nueva declaración informativa es una consecuencia directa del Real Decreto aprobado en diciembre de 2024, que introdujo la exigencia de contar con un Número de Registro Único para poder alquilar viviendas turísticas a través de internet. Desde julio de 2025, disponer de ese número es imprescindible para mantener los anuncios activos en las plataformas digitales.
Ahora, el cumplimiento formal no se limita a obtener el registro, sino que se amplía al control periódico de la actividad desarrollada.
La Orden ministerial advierte de que el registrador podrá requerir documentación adicional si existen dudas sobre la finalidad declarada del uso del inmueble. Esto obliga a los propietarios a conservar contratos, justificantes y cualquier documentación acreditativa de los alquileres realizados.
Además, si de la declaración se desprende que el inmueble ha sido utilizado para usos incompatibles con su categoría o autorización, la consecuencia puede ser relevante: la retirada del Número de Registro Único, lo que impediría seguir alquilando legalmente a través de plataformas online.
Con esta medida, el Gobierno avanza en la trazabilidad y supervisión del alquiler turístico, reforzando la colaboración entre registros públicos y plataformas digitales. Para los propietarios, supone un nuevo frente de cumplimiento administrativo que exige orden, conservación de documentación y revisión previa de la actividad realizada.
Para asesores fiscales y gestores patrimoniales, la declaración de febrero se perfila como una cita clave en el calendario de 2026, con impacto directo tanto en el ámbito registral como en el control posterior de la actividad y su coherencia con la normativa aplicable.
