El Consejo de Ministros ha aprobado una propuesta legislativa para instituir la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo dedicado a ampliar el entorno de seguridad y accesibilidad de los servicios financieros. Esta medida complementa los esfuerzos recientes para fomentar la inclusión financiera, especialmente dirigidos a las poblaciones rurales y mayores, y se suma a las iniciativas previas de establecer normas de conducta para prevenir la vulnerabilidad financiera entre los consumidores.
La iniciativa, que había sido previamente aprobada pero no finalizada, se presenta nuevamente para su discusión y posible aprobación. Las innovaciones incluyen la financiación de la Autoridad por parte de las entidades financieras y la posibilidad de que sus decisiones puedan ser apeladas en el ámbito civil, asegurando una protección reforzada para los usuarios de servicios financieros.
Objetivos y alcance de la Autoridad
La Autoridad busca centralizar y agilizar la presentación de reclamaciones de los consumidores en un amplio espectro de servicios financieros, desde bancarios hasta aseguradoras y fondos de inversión. Este enfoque permitirá un análisis más profundo y una resolución más rápida de las disputas, así como una supervisión efectiva del cumplimiento de los protocolos de inclusión financiera y buenas prácticas en el sector.
El proyecto enfatiza la importancia de una atención personalizada para los clientes, con especial consideración hacia los grupos vulnerables. Introduce la opción de la mediación y conciliación como alternativas para resolver disputas de forma amistosa y eficiente una vez iniciado el proceso de reclamación.
La estructura de la nueva Autoridad incluirá un presidente y un vicepresidente nombrados por el gobierno, así como divisiones específicas encargadas de las reclamaciones. Destaca la creación de un comité consultivo compuesto por representantes de diversos sectores de la sociedad, lo que garantiza una visión amplia y diversa en la toma de decisiones.
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