El Consejo de Ministros ha aprobado estos dos impuestos, más conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', el primero es un impuesto digital sobre las tecnológicas y el segundo gravará las transacciones financieras y bursátiles, ambos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral, con una recaudación prevista de 1.818 millones de euros, inferior a los 2.050 millones previstos el año pasado como consecuencia de la ralentización económica.
María Jesús Montero, portavoz del gobierno, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se vuelven a poner en marcha estos dos tributos que se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las autoridades europeas. "España moderniza su sistema fiscal haciéndolo más justo, más progresivo y redistributivo", ha declarado Montero, quien ha resaltado que tiene que "responder a las nuevas realidades" y los nuevos negocios derivados del mundo digital.
La tasa Google es un impuesto digital que grava con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad online, servicios de intermediación digitales y la venta de datos obtenidos a partir de información del usuario. Afecta a empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de tres millones en España. Para la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), puede tener «duras consecuencias» en la economía española si se aplica de forma unilateral, pudiendo ocasionar una pérdida de competitividad.
Esta tasa se cobrará de forma trimestral, pero el Gobierno retrasa la primera liquidación a diciembre de este año 2020 (no antes del 20 de diciembre) con el propósito de dar espacio a que se concrete una iniciativa a nivel global en el seno de la OCDE. A la pregunta de si este gobierno teme las posibles represalias de la administración Trump, que ha prometido aranceles del 25% sobre los coches de aquellos países que aprueben estos impuestos. Montero ha afirmado que las relaciones con el Estados Unidos “son fluidas” y este país “conocen la voluntad de este Gobierno”.
El Impuesto sobre Transacciones Financieras (Tobin) gravará con el 0,2% la compra de acciones de empresas españolas con un valor bursátil de más de 1.000 millones de euros. El contribuyente de esta Tasa es el adquirente de valores y, el sujeto pasivo, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones. Si éste actúa por cuenta propia, será también contribuyente.
